Transporte y Discapacidad

Santiago de Chile, Mayo 05 de 2009

*Por Alejandro Hernández

Cuadro de texto:  El derecho al transporte de 750.000 personas con discapacidad en Santiago y más de 2,5 millones de personas con discapacidad en el resto del país, sigue siendo diariamente vulnerado. Provocando gran impotencia al sector y además a 7,5 millones de ciudadanos chilenos que les acompañan a diario, los familiares de personas con discapacidad.

Chile firmó el 30 de Marzo de 2007 la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” en las oficinas de la Organización de Naciones Unidas - ONU con sede en Nueva York.

Esta señala que “es deber de los estados, poner especial atención para que el transporte no resulte excluyente para las personas con discapacidad”, con el objetivo de que puedan alcanzar una vida digna, independiente y participación en igualdad de condiciones.

El transporte en la ciudad de Santiago y las demás ciudades de Chile falló, dijo la Presidenta de la República Michelle Bachelet, en su último discurso que realizó el pasado 21 de Mayo. Y sigue fallando gravemente, al ser discriminatorio, excluyente y atentatorio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Transporte adquiere 45 nuevos buses y la empresa Metro de Santiago invierte en 20 nuevos y flamantes vagones españoles, pensando que con cantidad, mejorará la calidad del servicio, ya ampliamente cuestionado por todos los sectores de la ciudadanía.
Se invierten millones de dólares en dotar al transporte público más de lo mismo, elementos que no van precisamente de la mano con las normativas vigentes nacionales e internacionales en materia de protección de derechos civiles, ciudadanos y humanos de los discapacitados.

El talón de Aquiles sigue siendo la falta de Diseño Universal, traducido en un histórico e inadecuado sistema de accesos para personas en sillas de ruedas y/o movilidad reducida en buses, carros y estaciones de Metro. Parecieran no importar la Ley 19.284 para la plena Integración Social de las personas con discapacidad, ni las medidas entregadas al Estado, por la Fundación Nacional de Discapacitados (FND) a principios del año  2007.

Han pasado ya dos años desde la implementación del sistema “Transantiago” y desde que la empresa Metro señalara (en mesa Transporte y Discapacidad, formada en el Ministerio de Planificación Nacional a la cual fui invitado a participar), que no contaba con los recursos suficientes como para invertir en accesos especiales para las más de 40 estaciones de las Líneas 1 y 2 que cruzan la capital, discriminando a los discapacitados.

En aquel tiempo, según los representantes de la empresa, que administran el principal medio de transporte urbano de la capital, de realizarse las adecuaciones, costaría alrededor de US 30 millones de dólares la inversión en dichos accesos, monto que la empresa “no tendría” para realizar la inversión.

La tesis anterior quedó totalmente desmoronada, cuando el presidente del directorio de la empresa Metro, Clemente Pérez, anunció en Marzo del año pasado, una inyección de más de US 165 millones de dólares en la remodelación de algunas estaciones: infraestructura, ampliación de andenes, la compra de nuevos carros e incluso de televisores para instalar al interior de los vagones. Televisores que a través de la publicidad, hacen recaudar sendos recursos a la empresa.

Cientos de millones de dólares de inversión, sin embargo continúan discriminando a las personas con discapacidad. ¿Qué repuesta le darán a los niños con discapacidad que no pueden asistir a sus procesos terapéuticos de rehabilitación por falta de acceso en el transporte?. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado, al impedir que las personas con discapacidad salgan adelante, especialmente en el desafío de brindar transporte para que puedan acceder a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo?.

¿Cuál es la responsabilidad que le compete a la empresa metro por discriminar y dañar moralmente al sector?. ¿Qué repuesta tiene Chile ante la opinión pública internacional, turistas y representantes con discapacidad de países de Europa, Asia y América, que desean visitar Chile, país que no cuenta con un sistema de transporte publico accesible?.

Nos contactó una ciudadana de Suecia Inga-Maj, que está planeando un viaje a Chile y cuya máxima preocupación es como se trasladará de un lugar a otro. Ante la nula posibilidad de trasladarse en el transporte público, nos consultaba acerca de la posibilidad de arrendar un vehículo acondicionado para ella, portadora de una discapacidad física.

El hecho es que la burocracia chilena para importar un vehículo especial para discapacitados es enorme, los impuestos aduaneros son altísimos y las importadoras o representantes de marcas de vehículos en Chile, no les interesa en este contexto, ofertar vehículos a personas con limitaciones. Le recomendamos que contactara a una empresa de radio taxis. En Chile, no existe bono estatal que subvencione este enorme gasto adicional.

Magno desafío tenemos los expertos en discapacidad, representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, en el sentido de seguir educando y generando acciones jurídicas y en el ámbito de la accesibilidad desde y hacia todo el mundo, especialmente con personas y entidades de países respetuosos por los derechos de sus ciudadanos, en especial de aquellos que presentan discapacidad.

Más en

Carta Fundación Nacional de Discapacitados a Transantiago.

Alejandro Hernández es Presidente Fundación director@fnd.cl

 

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