03 de Noviembre de 2006

Pensiones de "invalidez" y discapacitados

por Alejandro Hernández *

“Según estimaciones de la Fundación Nacional de Discapacitados, e n Chile hay más de 2 millones y medio de personas con alguna discapacidad. El 90% de ellas vive en un contexto de pobreza extrema”.

Que las pensiones asistenciales sean entregadas de manera arbitraria y excluyente, siempre tomando como base la situación económica del afectado, resulta fuera de toda lógica, ya que la persona que tiene discapacidad de por si contrae más gastos: Salud, rehabilitación y elementos ortopédicos, transportes especiales y un largo, etc., etc.

La estimación de la Fundación Nacional de Discapacitados (organización no gubernamental) indica que más de dos millones y medio de chilenos se ve afectado seriamente por esta exclusión en particular. Niños, jóvenes y adultos esperan que de una vez, que las pensiones asistenciales (PASIS) sean entregadas a todos por igual.

Es por esto que por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo, patrocinado por parlamentarios de distintas bancadas, donde se solicita a la Presidenta de la República , el envío de un proyecto de ley al Congreso para ampliar a casi 2 millones de chilenos los actuales beneficios.

Dicho proyecto de acuerdo presentado por senadores de distintas bancadas, pide a la Presidenta de la República , Michelle Bachelet, que adopte las medidas necesarias y envíe un proyecto al Congreso Nacional para dar el carácter permanente a la pensión asistencial por invalidez.

Asimismo se apunta a que ésta deje de ser incompatible con cualquier otro tipo de beneficio, pensión, ingreso, renta o remuneración, con el fin de evitar la exclusión social de los discapacitados, quienes además de la endémica falta de empleo, se ven enfrentados a más discriminación a la hora de postular a su previsión y seguridad social.

La iniciativa, impulsada por los senadores, reconoce que “el Estado tiene la responsabilidad de brindar las prestaciones de seguridad social y de mantener el ingreso para las personas con discapacidad, conforme a lo planteado en la legislación internacional y la carta fundamental de los Derechos Humanos”.

Los senadores agregaron que, “según la Fundación Nacional de Discapacitados, en Chile hay más de 2 millones y medio de personas con alguna discapacidad. El 90% de ellas vive en un contexto de pobreza y a veces extrema desintegración social”. La actual realidad de discriminación impone un enorme desafío.

A cada persona con discapacidad la asisten a diario al menos tres miembros de su familia, con lo que podemos señalar, como consecuencia, que al menos siete millones de chilenos se ven relacionados directamente con este tema, paradigma de exclusión y de abandono”.

Los legisladores argumentaron que “nuestra legislación no ha abordado esta realidad, en su total dimensión, porque si bien el decreto ley de 1975 establece un régimen de pensiones asistenciales para personas “inválidas” (mal termino) y deficientes mentales, este tipo de beneficio es temporal e incompatible con cualquier otro tipo de pensión, así como también con cualquier otro ingreso.

El impacto de la discapacidad en las familias de los afectados, no es posible soslayarlo con la ínfima y modesta suma correspondiente a la pensión asistencial de invalidez, agudizada por la ínfima oferta de empleos para personas con discapacidad y remuneraciones comparativamente inferiores”.

La ley que establece normas para la plena integración social considera como “invalidez” la situación de “toda persona que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas, o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado- vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social”.

No obstante, los senadores autores del proyecto indicaron que “éste carácter permanente de la incapacidades al que alude esta ley no condice con el carácter temporal de las pensiones por invalidez, ya que el decreto ley de 1975 establece un régimen de pagos de sumas de dinero para personas inválidas o deficientes mentales, siempre y cuando cumplan determinados requisitos definidos por ley y que son permanentemente revisados”.

Tres cosas para los señores senadores: Primero, punto a favor por la voluntad de educarse respecto al tema de la discapacidad, recuerden que la educación hacia ustedes debe ser todo el año, permanente y sostenida en el tiempo. Segundo, sugiero se solicite a la Presidenta de la República considere a su vez el reajuste de un 50% en el monto de la pensión de “Invalidez”.

Y tercero, no utilizar nunca más los conceptos “invalido” ni “invalidez”, ya que las personas con discapacidad y sus familias valen y mucho. Como ustedes ya saben representan a casi ocho millones de ciudadanos chilenos con derechos humanos, especialmente aquellos que hacen referencia a la salud, la rehabilitación, trabajo, previsión y seguridad social.

*Alejandro Hernández es Presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados. Mail: fundacion@fnd.cl

Más información . www.senado.cl

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